UNA DEUDA HISTÓRICA

Se ha iniciado en el Parlamento el debate para saldar aquella deuda histórica y para ello se ha tomado en cuenta la participación de miles de sectores de la sociedad civil, de las organizaciones libres del pueblo que en diversas y múltiples circunstancias en los últimos cinco años hemos desarrollado un debate profundo para tener una nueva ley de radiodifusión. Desde la confección de los 21 puntos básicos por el derecho a la información hasta ahora se han desarrollado foros, cabildos abiertos, charlas, radios abiertas, asambleas que fueron sistemáticamente ocultados por los grandes medios concentrados de la comunicación, tratando de invisibilizar y silenciar innumerables expresiones populares a lo largo y ancho de nuestro país.

Una vez presentado el proyecto, el 27 de agosto pasado, los grupos mediáticos se encargaron de reproducir mayoritariamente las opiniones de quienes estaban en contra. Han buscado estereotipar al mismo como “ley de control de medios”, “ley mordaza” o “ley K de medios”. Creo que el Poder Ejecutivo demoró demasiado en presentar este proyecto y que es necesario que se trate en este Congreso. Voces interesadas en mantener la actual ley 22.285 hacen un uso discrecional de la Constitución. Pareciera que hay diputados y diputadas cuyo mandato vale más que el de otras y otros legisladores. Argumentan que ésta es una ley de Estado, cuando todas las leyes son de Estado. Lo que hay de fondo son los intereses de grupos concentrados de la comunicación en preservar su desigual posición dominante por sobre otros.

Pudimos observar que el poder disciplinador de los grupos mediáticos no sólo fuerza opiniones en la oposición, sino también en el seno del PJ. De hecho fue un gran cómplice de su consolidación.

Si bien creo que hay que hacer modificaciones sobre la nueva autoridad de aplicación, estableciendo menos discrecionalidad del Ejecutivo sobre la misma, logrando mayor control parlamentario, lo cierto es que si no se modifica la ley actual, la discrecionalidad del Ejecutivo es total, ya que debe nombrar a un interventor, si no estarían los representantes de las Fuerzas Armadas y la SIDE. Actualmente no hay ningún control parlamentario ni un consejo federal donde participen los distintos actores de la comunicación. No se garantiza el federalismo, puesto que no hay cuotas establecidas de producción nacional y de producción local y se permite que las cadenas informativas mantengan alarmados a las ciudadanas y los ciudadanos del interior del país por los paros de subtes que sólo ocurren en la Capital Federal.

Con la ley vigente se permite la concentración mediática. Con la ley actual no se resguardan los derechos de las mujeres, no se castiga la discriminación, no se resguardan los derechos de los pueblos originarios ni de niñas, niños y adolescentes. Todos temas que están en el proyecto que se están discutiendo, que han sido incorporados enriqueciendo al mismo y reflejando un alto nivel de consenso.

Casualmente son los que se llenan la boca con palabras como “consenso” o que dicen defender las “instituciones” quienes desprecian este proyecto y nada expresan de cómo defender las instituciones democráticas de la presión asfixiante de las corporaciones económicas, en este caso las mediáticas.

Es cierto que hay corregir aspectos de su articulado, que hay que poner mayores restricciones al ingreso de las telefónicas, pero peor es que ingresen bajo la política de los hechos consumados o amparándose en que hay una ley vetusta que ya nadie controla ni hace cumplir. Estoy convencida de que es necesario aumentar la libertad de expresión y dotar a la democracia de más democracia, por eso creo necesario tener cuanto antes una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Mercedes do Eyo.

5to 1era turno mañana.